La crisis económica está afectando a todos los sectores sociales y a todo el tejido productivo, incluido el de los empleados públicos

Funcionarios, una garantía para la sociedad

Las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno de Mariano Rajoy para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomentar la competitividad –que incluyen una reducción del gasto en empleo público que se viene a sumar al ya decretado por el anterior Ejecutivo de Rodríguez Zapatero– han abierto un debate de amplio alcance sobre las condiciones laborales de los empleados públicos en España, además de llevar a los funcionarios a la primera línea de la actualidad informativa.

VÍCTOR MARTÍN

Existe una creencia extendida entre determinados sectores sociales de que los funcionarios gozan de unas condiciones laborales mejores que las del resto de los trabajadores de la empresa privada. Y en algunas retinas sigue fija la imagen del funcionario decimonónico, ataviado con manguitos, detrás de una ventanilla, gozando de un empleo para toda la vida. La realidad viene a demostrar la falsedad de esa imagen distorsionada que se proyecta –a veces interesadamente– del empleado público en España. Es evidente que el funcionamiento del Estado sería inviable sin el trabajo que realizan a diario millones de personas dedicadas la administración de las instituciones, la seguridad, la sanidad, la educación y la justicia. Conviene, por lo tanto, ofrecer una información contrastada con el fin de superar algunos tópicos ancestrales. Por ejemplo, el de que en España hay demasiados empleados públicos y cuestan mucho dinero al Estado. Algunos datos Según los últimos datos oficiales, en España existen 2.690.099 empleados públicos. De ellos, 592.351 están adscritos a la Administración Pública estatal, 1.347.835 a las administraciones de las comunidades autónomas y 646.627 a la administración local (otros 103.106 trabajadores se inscriben como personal de universidades, la mayoría de ellos transferidos a las CC.AA.). La media de empleados públicos por habitante en la UE está en 16,89. España tiene 17,79, es decir, se sitúa entre Italia (17,10) y Alemania (18,26), por debajo de países como Francia (12) y Bélgica (12), y alejado de Suecia, que lidera la lista con ocho habitantes por empleado público. En los países europeos con las economías más competitivas, como Noruega, Dinamarca o Suecia el porcentaje de empleados públicos sobre el total de la población activa supera el 25%. En Francia ese porcentaje es del 22%. En Alemania, sin embargo, ese porcentaje no llega al 10%. En España, el número de empleados públicos respecto a la población activa es del 13%. El peso del sector público en España es inferior a la media europea: mientras que aquí supone el 45,6% del PIB, la media de los países de la zona del euro es del 50,9%. España gastó en 2010 el 11,9% de su PIB para pagar la nómina de las personas empleadas en los servicios públicos, en línea con la media europea, del 11,1%, y de la zona del euro, donde se gasta el 10,8%, según datos de Eurostat. Algunos países superan esas cifras, como Dinamarca, a la cabeza en empleo público, con un gasto del 19%, pero también Francia, con el 13,4%. Otros países, como Alemania, gastaron el 7,9% de su PIB. Trabajo de oficina Otro de los tópicos generalizados es el de que la mayoría de los empleados públicos se dedica al trabajo burocrático, el llamado, a veces despectivamente, “de oficina”. Convendría decir que sin ese trabajo “de oficina” una sociedad tan compleja como la actual dejaría de funcionar y caería en el caos más absoluto. ¿Se imaginan que nadie registrase los nacimientos o las defunciones? ¿Que no existiese catastro ni registro de la propiedad ni el aparato recaudatorio necesario para poder construir carreteras, escuelas u hospitales? Pues bien, de los 2,6 millones de empleados públicos que existen en España, más de 1,1 millones realizan trabajos relacionados con la enseñanza y la sanidad (casi el 43% del total), mientras que las fuerzas de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas agrupan a otros 300.000 efectivos, y la administración de Justicia cerca de 50.000.Es decir, que más de 1,4 millones de empleados públicos se ocupan de manera directa, entre otras cosas, de que los ciudadanos se eduquen (maestros, profesores, catedráticos), estén sanos (personal sanitario, médicos y enfermeras) y seguros (jueces, policías y militares). Otro de los reproches habituales que se hace a los empleados públicos es el de que su trabajo es “para toda la vida”, es decir, inamovible. Aunque habría que puntualizar esa apreciación (los funcionarios pueden ser despedidos tras la incoación de un expediente y el personal laboral está sometido al Estatuto de los Trabajadores), conviene aclarar que el carácter inamovible del funcionario se generalizó en las democracias más avanzadas como una garantía para los ciudadanos frente a los abusos del poder político, de modo que se pudiera establecer una línea muy clara de separación entre la política y los políticos, que cambian tras las elecciones, y la administración, que permanece estable dentro de los aparatos estatales. ¿Alguien se puede imaginar a dos millones de empleados públicos temiendo ser despedidos cada vez que se produce un cambio de Gobierno? La estabilidad en el empleo público garantiza el funcionamiento de la Administración en periodos de tránsito político, y la independencia y continuidad de la maquinaria del Estado con carácter general. Finalmente, es importante recordar que el acceso a la condición de funcionario se produce en función de criterios objetivos basados en el mérito y la capacidad, y que todas las personas que reúnan los requisitos requeridos (nacionalidad, edad, capacidad funcional…) pueden presentarse a las pruebas de selección, consistentes normalmente en una oposición o concurso-oposición. QUE PENSAIS DEL CITADO ARTÍCULO.???????????